Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra un acuerdo del Consejo de Ministros desestimatorio de su recurso de reposición contra el de 18 de octubre de 2019, por el que se resuelve el procedimiento sancionador por infracción de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Queda acreditado que el recurrente desempeñó una actividad que le estaba prohibida: ser directivo de la entidad Loro Parque Fundación, sin que comunicase las declaraciones exigidas por la referida Ley ni solicitara autorización de compatibilidad para dicho puesto, siendo determinante de la sanción la inclusión de esa entidad dentro del mismo grupo societario que resultó afectado por las decisiones en las que intervino el recurrente cuando ostentaba el cargo de Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Se descarta que se haya producido indefensión, puesto que no expresa el actor qué extremos no pudo acreditar o desvirtuar ni qué argumentos se vio impedido de utilizar. No se niega que concedió autorizaciones a la entidad mercantil Loro Parque, S.A. para disponer de un local en las instalaciones portuarias y para anunciarse en su interior., ni sale al paso de la conformación de un grupo societario entre dicha mercantil y Loro Parque Fundación. La renuncia al puesto directivo no supuso que desapareciera la infracción, puesto que ya la había cometido. La sanción es proporcional y está motivada.
Resumen: Impuesto sobre Sociedades. Régimen especial de operaciones de reestructuración empresarial del Capítulo VIII del Título VII del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades -TRILS-. La apreciación de que no concurre un motivo económico válido en el negocio jurídico celebrado, excluyente de la aplicación del régimen especial, debidamente motivada y sometida al control judicial, hace innecesaria la tramitación del expediente de conflicto en la aplicación de la norma del artículo 15 LGT, ya que se trata de una cláusula antiabuso particular que opera como lex specialis, directamente derivado del Derecho de la Unión Europea.
Resumen: La sala declara que: (i) cuando un contribuyente es sancionado por las infracciones tipificadas en los artículos 194.1 y 195.1 de la LGT, puede ser declarado responsable solidario, ex artículo 42.1.a) LGT, respecto de la sanción impuesta a otro contribuyente como autor de una infracción muy grave prevista en los apartados 1 y 3 del artículo 201 LGT, cuando el tipo de la infracción cometida por el primer contribuyente implica el uso de las facturas o documentos sustitutivos con datos falseados emitidas por el segundo de los contribuyentes, cuya responsabilidad solidaria se deriva; (ii) en tanto que los ilícitos tributarios de los arts. 194.1/195.1 LGT y 201.3 LGT responden a un distinto fundamento y no se absorben o consumen, no concurre la triple identidad que presupone la infracción del principio non bis in idem tutelado por el art. 25.1 CE; y (iii) esta doble represión tampoco desconoce el principio de inherencia reconocido en el art. 180.2 LGT (en la redacción vigente ratione temporis), en tanto que el comportamiento tipificado en el art. 201.3 LGT no opera como criterio de calificación de las infracciones de los arts. 194.1 y 194.1 o 195.1 LGT o de graduación de las sanciones establecidas en esos preceptos.
Resumen: Contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Área de Servicio; incumplimiento culpable del contratista, se incauta la garantía definitiva y se inicia expediente para la determinación de los eventuales daños y perjuicios ocasionados. Precedentes admitidos 578/2019, 1861/2019 y 3760/2019, estimado el , recurso de casación 1861/2019, en su sentencia 1653/2020, de 3 de diciembre.
Resumen: IRPF. Aplicación de los artículos 16 y 179.2.d) de la Ley General Tributaria (LGT): ¿estimada la simulación resulta procedente aplicar, en todo caso, la sanción o cabe invocar la interpretación razonable de la norma como causa exculpatoria de la responsabilidad por infracción tributaria por la existencia de calificaciones jurídicas divergentes en relación con operaciones similares? El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictadas el 21 de septiembre de 2020 (RCA 3130/2017); 15 de octubre de 2020 (RCA 4328/2018) y 22 de octubre de 2020(RCA 4786/2018).
Resumen: IRPF. Aplicación de los artículos 16, 178,179.2.d) y 183.1 de la Ley General Tributaria (LGT): estimada la simulación ¿resulta procedente aplicar, en todo caso, la sanción o cabe invocar la interpretación razonable de la norma como causa exculpatoria de la responsabilidad por infracción tributaria por la existencia de calificaciones jurídicas divergentes en relación con operaciones similares? Suscita las mismas cuestiones que los RRCA (3130/2017; 4328/2018; 4786/2018; 6877/2019). Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en tres sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2020 (RCA 3130/2017); 15 de octubre de 2020 (RCA 4328/2018) y 22 de octubre de 2020(RCA 4786/2018).
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Interpretación del artículo 7.p) de la Ley del IRPF y de los artículos 16, 178, 179, 183.1 y 184.3 de la LGT. Delimitación de la controversia. No cabe controvertir la calificación jurídica de negocio simulado, al ser esta apreciación privativa del tribunal de instancia y no poder ser reexaminada en casación. La expresión «rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero» contenida en el artículo 7.p) LIRPF, no se puede aplicar a los rendimientos de la dirección y control propios de la participación en los Consejos de Administración de una filial en el extranjero, por lo que no dan derecho a la exención contemplada en el precepto. Estimada la existencia de actos o negocios simulados, a la vista de lo dispuesto en el artículo 16.3 LGT, procede, en su caso, la imposición de sanciones, sin que una interpretación razonable de la norma, amparada en el artículo 179.2. d) LGT, que excluye la responsabilidad, resulte operativa.
Resumen: En relación con la prohibición de difusión de propaganda y de realización de actos de campaña electoral, sostiene el TS que dicha prohibición se aplica también a las entidades privadas y, en particular, a los medios de comunicación. Ciertamente entraña un límite a la libertad de comunicar información veraz e, incluso, determinar la responsabilidad del director del medio de comunicación que desconozca esa prohibición. En este caso dicha libertad de comunicar información veraz no es absoluta y los precedentes alegados no son equiparables, como tampoco lo son las otras entrevistas a las que se refiere la demanda. Considera de especial importancia preservar los derechos de todos los candidatos, sin que se favorezca a ninguno de ellos en la jornada de reflexión. Hacer valer una prohibición no significa imponer ni exigir ningún tipo de autocensura a los medios de comunicación cualquiera que sea su titularidad. Nada les impide informar con objetividad de la actualidad en esa jornada previa a la apertura de las urnas ni mucho menos les obliga a guardar silencio sobre extremos noticiosos pero, justamente, porque siguen siendo un medio esencial para la formación de la opinión pública libre en que descansa nuestra democracia representativa, se les puede exigir que respeten el breve tiempo de silencio que el legislador ha querido que medie entre el fin de la campaña electoral y la celebración de las elecciones y no lo aprovechen para beneficiar a una candidatura frente a las demás.
Resumen: Admisión. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar la normativa de protección de datos de carácter personal vigente a efectos de aclarar si la intervención fraudulenta de un tercero, que suplanta la identidad de otra persona en una contratación on line, permite excluir la infracción del necesario consentimiento inequívoco para el tratamiento de los datos personales que exige el artículo 6 LOPD (actual artículo 6 LO 3/2018, de 5 de diciembre) al entender que la empresa contratante actuó con diligencia suficiente y en la creencia de que contrataba con el verdadero titular de tales datos.
Resumen: Ha lugar al recurso contra acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas que impuso, a la parte ahora recurrente una sanción equivalente al exceso producido, por superación del límite de gasto electoral. El TS estima el motivo sobre la caducidad alegado, pues se inicia el procedimiento sancionador prevenido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos y la resolución sancionadora, que ahora se impugna, se adopta por el Pleno del Tribunal de Cuentas es nula porque ha sido dictado en un procedimiento ya caducado, al haberse rebasado sobradamente el plazo de seis meses previsto en el artículo 18 de la citada LO, con cita de precedente en la Sala y de la doctrina reiterada fijada con ocasiones de expedientes disciplinarios tramitados a miembros de la carrera judicial. Además, a mayor abundamiento, el contenido de la resolución de ampliación, que se refiere, a los efectos de la justificación y motivación sobre el aumento del plazo para resolver, a las más de 500 formaciones políticas concurrentes a las elecciones locales de 2015, sobre las que se pusieron de manifiesto irregularidades sobre el límite de gasto. Voto particular
